EL CIERRE DE LAS NUCLEARES

 

Francisco Castejón

 

1.- Introducción.

En este informe ponemos de manifiesto la necesidad de  proceder a un cierre escalonado de las centrales nucleares españolas, pues resultan hoy perfectamente prescindibles, ya que la potencia total instalada (unos 108.000 MW) es mucho mayor que la demanda jamás producida (unos 45.000 MW) en nuestro país. A pesar de la posibilidad de cierre inmediato, existen diversos motivos que aconsejan una propuesta de cierre escalonado, que se desgrana en este documento.

Estas plantas nunca deberían haberse puesto en funcionamiento, dados los problemas técnicos, ambientales, económicos y de seguridad que conllevan. Los problemas técnicos están sin resolver a pesar de que las reacciones de fisión se produjeron por primera vez en el laboratorio en el año 1942, hace más de 70 años, y de que la primera central nuclear empezó a funcionar en 1954, hace más de 60 años. Estos problemas son principalmente:

• La falta de seguridad, tristemente de actualidad tras el accidente de Fukushima.
• La generación de residuos de muy baja, baja, media y alta actividad. Especialmente estos últimos que son peligrosos durante cientos de miles de años, para los que no existe solución satisfactoria.
• El problema de la escasez del uranio, que supone un límite para la extensión nuclear, y de los graves impactos ambientales asociados a la minería. España importa todo el uranio que consume desde el cierre de la última mina en 2000 y todo el uranio se enriquece en el extranjero, por lo que se tiene una dependencia total de las importaciones y de la tecnología extranjera.
• El uso de la tecnología nuclear para fines militares, incluyendo el uso de uranio empobrecido para construir bombas penetrantes, el posible uso de residuos de alta para la fabricación de bombas sucias o la proliferación nuclear, que se basa en las tecnologías de doble uso como el enriquecimiento de uranio o el reproceso del combustible gastado.

La energía nuclear es además muy cara. Si bien la explotación de una central envejecida ya amortizada produce enormes beneficios a sus propietarios, los gastos necesarios para poder en marcha nuevas centrales son enormes, lo que resulta disuasorio para las empresas eléctricas.

En la situación actual, nadie propone la apertura de nuevas centrales en España y el debate se centra en el calendario de cierre de las que funcionan hoy en día. Como se ha dicho, su funcionamiento supone unos enormes beneficios para sus explotadores estamos presenciando un pulso para mantener el funcionamiento lo más posible, cambiando la reglamentación si hace falta, como se ha hecho con la central de Santa María de Garoña (Burgos).

Se hace imprescindible, de todas formas, blindar el cierre de nucleares mediante leyes que así lo garanticen. De entrada habría que derogar la Ley de Energía Nuclear de 1966, verdadero fósil franquista, así como todos los decretos y reglamentos que la desarrollan, y sustituirla por una ley de protección radiológica y seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas que se conserven tras el cierre de las centrales nucleares. Los desarrollos legales que blinden el apagón nuclear deberían estar, como mínimo, al nivel de leyes orgánicas, que precisen de mayorías cualificadas o, incluso, debería introducirse en la constitución. De esta forma nos protegeríamos de una contraofensiva de las empresas que poseen nucleares o de la industria nuclear.

 

2.- Seguridad y envejecimiento.

Un motivo clave para reclamar especialmente el cierre de las nucleares envejecidas es el aumento del riesgo. La cruel paradoja para los explotadores de las centrales es que justo cuando más rentables les resultan, es cuando son más peligrosas. El riesgo nuclear resulta inaceptable desde el punto de vista ético y democrático. La obtención de beneficios por unos pocos somete a una gran cantidad de gente y al medio ambiente a un riesgo inaceptable. Por si esto fuera poco, nos encontramos con el déficit democrático que conlleva el que no se haya preguntado nunca a la ciudadanía sobre la energía nuclear, o sobre el modelo energético en general, a diferencia de otros países que han realizado referéndums como Italia, Austria o Suecia. La energía nuclear conlleva también una clara falta de transparencia, como se ha puesto de manifiesto en los procesos de licenciamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) o en el proceso de evaluación de Garoña. De hecho, el Consejo de Transparencia obligó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el mes de marzo de 2016 a hacer público el Informe de la consultora URS en el que se decía explícitamente que los terrenos de Villar de Cañas son “inadecuado” ante “la imposibilidad de efectuar una cimentación estable para la vida útil de estas estructuras”.

Para entender lo que supone el aumento de peligro cuando la central envejece basta con observar el estado de las centrales más antiguas. Según las centrales cumplen años, se precisan más y más gastos en reparaciones. Con el actual sistema de retribución en que los precios de la electricidad se fijan por una subasta marginal, los explotadores se esfuerzan en reducir gastos, lo que repercute negativamente en la seguridad. De hecho, tras la liberalización del sistema eléctrico las inversiones en seguridad en el parque nuclear español se redujeron en un 50%.

El concepto de vida útil no tiene una definición clara. Tradicionalmente se ha aceptado que los diseños de las centrales eran para 30 años, sin embargo hay sistemas que envejecen más deprisa y otros que son más resistentes. No queda claro, pues, qué margen predicen los cálculos de ingeniería. El hecho es que en los últimos 10 años se han producido casi 220 incidentes en los 8 reactores españoles, incluyendo el de Garoña.

Nos encontramos por un lado con reactores diseñados hace décadas (a finales de los 50, en el caso de los reactores de primera generación, Zorita y Garoña, y en los 60 y principios de los 70 en el resto , que son de segunda generación) con las capacidades tecnológicas de la época. En particular, los sistemas de control y vigilancia electrónica, así como los de detección, han experimentado enormes avances. Estos reactores se diseñaron antes de los accidentes de Chernobil (1986) y de Fukushima (2011), por lo que no contemplan esquemas de funcionamiento que eviten esos problemas. Las reparaciones hechas a posteriori no siempre garantizan la seguridad. Tal es el ejemplo de las mejoras introducidas tras el accidente de Chernóbil en las contenciones y sistemas de venteo de los reactores similares al de Fukushima, lo que no impidió este accidente. Los reactores de tercera generación, diseñados tras el accidente de Chernóbil, resultan ser carísimos. Tal es el ejemplo de los reactores de tipo EPR en construcción en Olkiluoto (Finlandia) o Flamanville (Francia), fabricados por AREVA, que han triplicado el coste presupuestado y el tiempo de fabricación. El elevado coste, que alcanza los 9.000 millones de euros, viene de que se aplica el mismo control de calidad a los elementos nucleares y a los no nucleares, lo que convierte las centrales en inviables.

La investigación de los puntos débiles de los reactores europeos a un accidente similar al de Fukushima, se conoce como “Pruebas de estrés”. Estas pruebas fueron exigidas por la antinuclear Austria y se realizaron en todos los reactores europeos. El coste total de aplicar los resultados de las pruebas, que se supone que suponía introducir las lecciones aprendidas tras el accidente de Fukushima, alcanza los 25.000 millones de euros, según la evaluación de la Comisión Europea. En España, las pruebas se realizaron con una metodología sísmica anticuada y basada en informes aportados por los propios operadores de las centrales. Así y todo el coste alcanzará los 750 millones, según la misma evaluación.

Tras todos estos años de funcionamiento, numerosos sistemas de seguridad se han degradado y no siempre pueden ser sustituidos con éxito. O si se deciden cambiar, es precisa una obra de gran envergadura que implica que los trabajadores se irradien.

Un problema severo generalizado con la edad es el de la corrosión. De hecho se produce un fenómeno conocido como corrosión intergranular bajo tensión. Este consiste en que los defectos microscópicos de los metales, que siempre existen por cuidadosa que sea su fundición, aumentan de tamaño debido a las condiciones extremas a que están sometidos. Los defectos han podido aparecer durante la forja del metal o durante las soldaduras.

Bajo el efecto de la radiactividad, los defectos se transforman en indicaciones que, con el paso del tiempo, pueden convertirse en fisuras. Las fisuras suponen debilidad estructural del material y podrían dar lugar a roturas y a fugas. Casos flagrantes de corrosión es el de las penetraciones de las barras de control de Garoña o del barrilete de esta central. Las penetraciones se van reparando según las fisuras crecen y el barrilete fue parcheado en 1999 mediante la soldadura de una estructura que lo sostuviera, puesto que tenía una fisura de 360º que abarcaba toda esta pieza vital para la seguridad.

Otro ejemplo fue la corrosión que apareció en los 12 generadores de vapor de Ascó I y II (Tarragona) y de Almaraz I y II (Cáceres), que obligó a sustituirlos entre 1995 y 1999, repercutiendo los coses en el recibo de la electricidad. En aquella época se afirmó que no debería volver a producirse corrosión. Sin embargo, ésta ha vuelto a aparecer en los generadores de vapor de Almaraz.

En 2005 asistimos a la corrosión de los registros de la tubería del circuito terciario de Vandellós II. El menosprecio del riesgo y un incorrecto mantenimiento ocasionó que se corroyera primero el registro y después se rompiera la tubería que tomaba agua del mar y extraía calor del circuito secundario. La posible no extracción de calor del secundario implicaba que este no sacaría el calor del circuito primario, con el consiguiente riesgo de fusión del reactor. El riesgo de accidente fue evidente y mostró como en un sistema tan complejo como una central nuclear, el peligro puede venir tanto de los elementos nucleares como de los no nucleares. De ahí que el diseño de los reactores EPR de AREVA introduzca los mismos niveles de seguridad en todos los elementos de la central.

Finalmente, y relacionado con la falta de democracia y transparencia, nos encontramos con el cambio por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) del método para la clasificación de incidentes nucleares en la escala INES. Dado que la escala INES pretende dar una medida objetiva del nivel de la seguridad de las centrales nucleares, se trata de reducir en lo posible el número de incidentes para dar la sensación de que el estado del parque nuclear no es tan malo. Los trabajadores del CSN han denunciado públicamente esta maniobra, lo que ha costado el puesto a uno de ellos. Debemos darles todo nuestro apoyo, porque son una valiosa forma de presión para que este organismo cumpla su cometido de forma rigurosa.

 

3.- Gestión de Residuos.

Un motivo para cerrar el parque nuclear lo antes posible es que las centrales generan residuos de diversa actividad. La legislación española los califica en cuatro categorías según la radiactividad que contiene el material a tratar: muy baja, baja, media y alta. Asimismo, esta legislación encarga a ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA).  Cada año que pasan se generan en España en promedio unas 167 Tm de residuos de alta y unos 4.400 m3 de residuos de las otras categorías. Este es otro de los motivos para prescindir de la energía nuclear lo antes posible. ENRESA debe realizar Planes Generales de Gestión de Residuos (PGRR) fijando la estrategia para los siguientes años. Sin embargo el último realizado data de 2006 y es el 6º PGRR. Los cambios producidos en el panorama español, incluida la paralización del ATC por el Gobierno de Castilla-La Mancha, lo han convertido ya en obsoleto.

Según este último PGRR, el coste total de gestión e los residuos más el desmantelamiento de las centrales ascenderá a unos 14.000 millones de euros hasta 2060, para lo cual ENRESA cuenta con un fondo que se nutría del recibo de la electricidad hasta abril de 2005: entre el 0,8 y el 1,2% de la factura pasaban a engrosar el fondo de ENRESA desde su creación en 1984 hasta aquella fecha. A partir de entonces, ENRESA se nutre de un canon que cobra a las centrales nucleares y a los generadores de residuos. Sin embargo, según el Tribunal de Cuentas, estos ingresos no serán suficientes ni siquiera para completar el coste total presupuestado en el 6º PGRR y se generará un déficit de unos 1300 millones de euros. La ley fija también que este fondo solo puede invertirse en valores de renta fija para evitar pérdidas y la tentación de que ENRESA maniobre en los mercados financieros con una cantidad enorme de dinero, lo que le conferiría una gran influencia.

La fijación de un calendario de cierre escalonado permitirá, por un lado, calcular la cantidad de residuos que se producirán, lo que facilitará el diseño de los dispositivos necesarios para la gestión. Por otro lado, se podrá conseguir un consenso sobre los métodos de almacenaje y tratamiento. Hay que tener en cuenta que no existe en la actualidad un procedimiento satisfactorio para la gestión de los residuos de alta. Sin el calendario de cierre, no se le puede pedir a la ciudadanía que acepte método de gestión alguno, sobre todo teniendo en cuenta los problemas técnicos que conllevan esos métodos.

 

3.1.- Residuos de alta.

En España los residuos de alta actividad son el combustible gastado de las centrales y algunas piezas del núcleo del reactor que se han activado a lo largo e la vida de éste. Según el 6º Plan General de Residuos Radiactivos, se generarán unas 6674 Tm de residuos de alta, suponiendo que las centrales funcionen 40 años. En potencias nucleares militares o en países que practican el reproceso del combustible gastado hay que añadir los residuos generados en dichas actividades y el material fisible de las cabezas nucleares desactivadas por los acuerdos de desarme.

El problema principal es que el periodo de desintegración de estas sustancias es enorme. Como ejemplo, tenemos el plutonio (Pu) con un periodo de semidesintegración de 24.700 años. El Pu forma parte de un grupo de sustancias, conocidas como actínidos menores, que tienen unas vidas muy largas y que hacen que el tiempo que estos residuos tardan en decaer es de unos 250.000 años. Además, tenemos los productos de la fisión cuya vida es más corta pero su actividad mucho más alta, lo que hace que la manipulación de los residuos sea muy peligrosa en las primeras décadas tras su formación.

A pesar del tiempo que lleva la energía nuclear en funcionamiento, aún no existe una solución satisfactoria desde el punto de vista técnico. Se contempla la posibilidad del almacenamiento en superficie en Almacenes Temporales Individuales (ATI), donde se guardan los residuos producidos por cada central, o en un Almacén Temporal Centralizado (ATC), donde se guardarían los residuos producidos por todas las centrales españolas. Tras el almacenamiento temporal, se piensa en el enterramiento en un Almacén Geológico Profundo (AGP). Nos encontramos con que los diversos países nucleares del mundo experimentan un desconcierto que se muestra la falta de consenso técnico y se traduce en la diversidad de métodos de gestión.

Tenemos países como Finlandia que apuestan por el enterramiento en el emplazamiento de Onkalo, Suecia apuesta por un Almacén Transitorio Centralizado (ATC) en piscina en Clab y países como Holanda y España que apuestan por un ATC en seco. Alemania empieza la discusión sobre qué hacer con los residuos de alta. Hay que tener en cuenta el fracaso del experimento de construir un cementerio nuclear en el domo salino de Göerleben. En este caso, una corriente de agua irrumpió en el habitáculo de los contenedores disolviendo la sal haciendo necesaria la evacuación de los residuos para que la salmuera no atacara los contenedores. EEUU también fracasó en su intento de avanzar hacia la construcción de un AGP en Yucca Mountain. Entre los poseedores de armas nucleares, existen países que realizan reproceso y otros que no. Francia realiza este sucio proceso para extraer el plutonio de los residuos, que luego usará para la construcción de bombas nucleares.

Cuando se para una central, lo primero es sacar los residuos del núcleo y depositarlos en la piscina hasta que baje su temperatura y su nivel de actividad. Para proceder al desmantelamiento es necesario sacar los residuos de la piscina y depositarlos en algún lugar en que la radiactividad no alcance la biosfera. Aunque la opción de ENRESA es el ATC en seco, en España se ha optado por los Almacenes Temporales Individuales (ATIs) en superficie, dado el retraso experimentado por dicha instalación. Los ATIs más sencillos consisten en una losa sísmica, rodeada por vallas para la protección física, donde se depositan los contenedores con blindaje para los residuos. La protección radiológica se fía, por tanto, a la integridad de los contenedores. En la actualidad todas las centrales tienen ya un ATI las centrales de Trillo (Guadalajara) y Ascó (Tarragona), porque se saturaron sus piscinas, y Zorita (Guadalajara), para proceder a su desmantelamiento. En Almaraz (Cáceres) y Garoña (Burgos) se ha empezado el proceso para construirlo y en Vandellós se están haciendo ya planes. En Cofrentes (Valencia), su director pasó de anunciar su opción por un ATI a haber declarado que confía en la construcción el ATC. Básicamente es un intento de separar el debate sobre la continuidad de la central del de la construcción del cementerio nuclear.

Además hay que considerar los residuos de Vandellós I que estaban sujetos a salvaguardias por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y que fueron enviados a Francia para extraerles el Pu. En estos momentos están vitrificados y se están satisfaciendo unos 60.000 euros diarios en concepto de fianza hasta 2017 en que ENRESA habrá de renegociar el contrato.

Desde 1985 hasta 2004, la opción de ENRESA era el AGP en una formación granítica. Pero cada vez que se ponía el dedo en el mapa para designar un emplazamiento, se producían movilizaciones sociales que daban al traste con el intento. De esta forma apareció la opción del ATC, como forma de aplazar la decisión final hasta 2060.

Dados los problemas que todas las propuestas técnicas conllevan, es imposible encontrar una solución que no genere inconvenientes de índole técnica, pero también social. Tras el cese de explotación de las centrales es imprescindible poner sobre la mesa un método de gestión, siquiera sea temporal hasta que se alcance un consenso técnico y ciudadano sobre la forma de gestión menos mala. En la actualidad, dado que los ATIs son un hecho consumado en el parque nuclear español, lo más sensato sería depositar los residuos en ATIs tras el cese de explotación de las centrales, para poder proceder al desmantelamiento. En ese momento deberá abrirse un debate técnico, político y ciudadano para alcanzar un consenso sobre la forma de gestión menos mala. Los ATIs no pueden ser la solución definitiva, al menos tal como están concebidos. En todo caso, los contendores deberían ser de doble propósito para almacenamiento y transporte, permitiendo así que los residuos sean, en su caso, retirados del ATI sin ninguna manipulación extra.

Las compensaciones que otorga ENRESA a la poblaciones cercanas a las centrales, deberían mantenerse con los ATIs, para facilitar la aceptación ciudadana y reducir los inevitables problemas sociales.

Es imprescindible seguir investigando en opciones que permitan a la humanidad librarse de estas sustancias en algún momento. El reproceso, llamado de forma aprovechada “reciclado”, que consiste en el tratamiento de los residuos para obtener los elementos fisibles no es una alternativa puesto que no elimina la necesidad de gestión a muy largo plazo y genera una gran cantidad de materiales radiactivos. La transmutación, consistente en convertir las sustancias de muy larga vida en otras de vida más corta, todavía no está disponible y no se ve que vaya a estarlo en un horizonte cercano.

 

3.2.- Los residuos de media, baja y muy baja actividad.

Los residuos de media y baja son materiales irradiados como trajes, guantes, resinas de intercambio o materiales contaminados, no solo por la actividad nuclear sino también industrial o médica. Tambbién forman parte de esta categoría los materiales procedentes del desmantelamiento de las centrales nucleares. Según el 6º PGRR, se generarán un total de 176.300 m³ de este tipo de residuos en España hasta 2060.

Hoy en día, estos residuos se depositan en el cementerio nuclear de El Cabril, cerca de la Sierra de Hornachuelos (Córdoba). Con la salvedad de que no se pueden depositar emisores alfa ni sustancias con vida de más de 300 años. De todos ellos, las centrales nucleares generan aproximadamente el 95%.

Esto, por cierto, deja fuera de El Cabril a el grafito que se usaba para moderar el reactor de Vandellós I, pues su tiempo de semidesintegración de de unos 5.700 años. Este grafito se conserva en el sarcófago del reactor de Vandellós I en la actualidad. También deja fuera las tierras contaminadas de Palomares.

Los residuos de media y baja que se envían a El Cabril se inmovilizan en una matriz de hormigón o asfalto y se introducen en bidones, bien in situ, o bien en el propio cementerio. El transporte en bidones resulta más seguro que el de los bultos sin acondicionar. Una vez allí, los bidones se introducen en cubos de hormigón que, a su vez, se meten en eras de hormigón y se sellan con mortero.

Hoy El Cabril estaría ya saturado de no haberse puesto en marcha una forma de almacenamiento más sencilla para los residuos de muy baja actividad que consiste en realizar zanjas que se cubren con tela asfáltica y se sellan con grava. La categoría de los residuos de muy baja actividad aparece tras el accidente ocurrido en 1998 de la fusión de una fuente de 100 Ci de cesio-137 en la factoría de Acerinox en Los Barrios (Cádiz).

A pesar de eso, en la actualidad este emplazamiento está al 80% de su capacidad. Es evidente que no hay espacio para los residuos de las centrales y de su desmantelamiento, aunque éstas se paralizaran en seguida, sin la producción adicional de residuos.

Sin embargo, El Cabril no es el emplazamiento adecuado. La historia de este cementerio nuclear es un ejemplo de cómo las decisiones sobre emplazamientos se toman más por hechos consumados que por motivos técnicos en el sector nuclear. Inicialmente se depositaban los residuos de la Junta de Energía Nuclear (JEN) en una mina de uranio abandonada. Posteriormente, a partir de 1986, se depositan residuos de centrales nucleares, para lo que esta instalación no tenía permiso. Tras múltiples juicios, AEDENAT venció judicialmente a ENRESA y se declaró ilegal el antiguo emplazamiento. No así la ampliación que entró en funcionamiento en 1992, que es donde hoy se depositan los residuos.  La forma en que se eligió el emplazamiento no está sujeta, por tanto a ningún criterio técnico. De hecho se encuentra en el Sur de España, alejado de la mayor parte de las centrales y de las instalaciones nucleares y radiactivas, lo que incrementa las distancias de los transportes; está en la Sierra Albarrana, una zona de alto valor natural y, además, está en un área de sismicidad alta. Este último hecho motivó que la empresa INGEVISA, que realizó estudios sísmicos, presionó a ENRESA con revelar los resultados.

La difícil postura a tomar ante estos hechos es que el Cabril no debe ampliarse y es necesario buscar alternativas para gestionar los residuos que se producirán en los desmantelamientos.

4.- El Desmantelamiento.

Tras el cese de explotación hay que proceder al desmantelamiento de las plantas. Este proceso es de gran complejidad tecnológica y puede suponer un coste del orden de la construcción de la central nuclear. El cese de explotación es un proceso que prepara a la central para el desmantelamiento. Se a condicionan los interiores de la central y se extrae el combustible gastado del núcleo y se introduce en la piscina. Simultáneamente se elabora un plan de desmantelamiento en colaboración con ENRESA. Todo este proceso dura unos dos años, tras los cuales ENRESA pasa a ser la titular de la central y despliega su personal en la planta. Lo usual y lo ideal es que la plantilla encargada del desmantelamiento esté mayoritariamente integrada por antiguos trabajadores de la central. De esta manera se cuenta con las personas que conocen la central y recuerdan los diferentes acontecimientos relevantes para la contaminación.

Durante este par de años se puede también completar el proceso de construcción del ATI necesario para almacenar el combustible gastado. Este proceso incluye el Estudio de Impacto Ambiental y la obtención de los diversos permisos del CSN.

En nuestro país tenemos dos ejemplos de centrales en desmantelamiento, con experiencias y resultados bien diferentes. Por un lado está la central de Vandellós I, que sufrió un accidente en 1989. Esta central era de tecnología francesa, estaba refrigerada por gas y moderada por grafito. Además era capaz de generar Pu en grado militar. El desmantelamiento todavía está sin terminar, pues el reactor está encerrado en un cajón de hormigón en periodo de latencia desde 2005, es decir, esperando a que bajen los niveles de radiactividad. Asimismo el cajón encierra 1583 m³ de grafito radiactivo que  no pueden transportarse a El Cabril, puesto que el tiempo de semidesintegración del carbono 14 es de 5730 años. El coste total del desmantelamiento de la central ascenderá a unos 120.000 millones de pesetas constantes de fines de los 90 (20 millones de euros), el triple de lo que costó la central. El desmantelamiento fue también complejo porque varios elementos combustibles estaban dañados y el combustible gastado estaba en el fondo de la piscina.

Bien distinto es el caso del desmantelamiento de Zorita (Guadalajara). El proceso de preparación fue también accidentado, puesto que se contaminaron dos trabajadores, pero el desmantelamiento ha sido ejemplar, con la introducción de soluciones novedosas como el corte de los elementos del interior del reactor en la piscina del combustible gastado. El objetivo de este proceso de desmantelamiento es dejar los terrenos limpios para ser usados de nuevo. En este, como en todos los casos, existen las infraestructuras necesarias para extraer la electricidad y la tentación será aprovechar el emplazamiento para construir una central productora de electricidad. La propuesta apropiada será la de construir una central de producción renovable, hay que luchar contra el intento de instalar una térmica de ciclo combinado.

Ambos procesos de desmantelamiento han sido experimentos tecnológicos, donde se han usado métodos en el estado del arte, solo que el segundo ha sido más exitoso por realizarse en una central menos compleja y con menos problemas. Las enseñanzas extraídas de estas dos centrales serán útiles para que los procesos de desmantelamiento del resto de las centrales sean lo menos accidentados posible. También para reducir costes que, a la vista de estos dos casos, pueden ascender a entre un tercio y la mitad del coste de construcción.

Los puestos de trabajo creados son prácticamente los mismos que generaba la central, si excluimos las recargas, lo que garantiza un periodo de adaptación de las zonas nucleares. De hecho es conveniente que sean los mismos trabajadores que operaron la central los que participen en el desmantelamiento, porque conocen los posibles episodios de contaminación.

Pr ejemplo, en la central nuclear de Garoña se contaba con 350 trabajadores en diciembre de 2012. Mediante jubilaciones anticipadas se redujeron a 230. Y en 2015 se contrata a 80 personas para la construcción del ATI y la formación para el desmantelamiento. Jo es complicado, por tanto, absorber a todo el personal. Las contratas externas de seguridad (unas 25 personas) y limpiezas se mantendrían. Y los trabajadores que participan en las recargas son los mismos en todas las centrales.

5.- Problemas financieros y la economía nuclear.

El coste reconocido del kWh nuclear está integrado por varios capítulos que se agrupan en costes fijos y costes variables. Los primeros son aquellos en que se incurre funcione o no la central, mientras que los segundos son los que se producen al poner la central en funcionamiento. De los costes fijos, el más alto es el de la amortización de la instalación, que supone del orden del 70% del total. Este coste dependerá, desde luego, del precio de construcción y del tiempo que se extienda la amortización. Lo elevado de este monto, muestra que tratamos con una fuente de energía muy intensiva en capital, lo que resulta ventajoso para los bancos que lo prestan. También tratamos con sistemas muy sofisticados, por lo que serán las empresas tecnológicas, de bienes de equipo y las ingenierías las beneficiadas. Finalmente, los reactores nucleares españoles son todos ellos de diseño importando, por lo que serán las multinacionales que los venden las beneficiarias de estos gastos. En concreto, Vandellós I (Tarragona) es una central de diseño francés, Trillo (Guadalajara) lo es de diseño alemán y el resto son de diseño estadounidense.

La construcción de las centrales  más modernas de tipo EPR, como la de Olkiluoto (Finlandia) o Flamanville (Francia) alcanza unos costes de unos 9.000 millones de euros, el triple de su presupuesto. Esto supone un enorme riesgo para los inversores y unos enormes costes de amortización. Estas cifras desorbitadas son el principal freno para la construcción de nuevos reactores en Europa. Una central de 1000 MW que costará unos 3000 millones de €, que funcione durante 30 años y unas 8000 horas al año, arrojará una amortización de 12,5 € /MWh, sin contar los intereses. Una central como la de Olkiluoto alcanzaría los 23 € /MWh de amortización, sin contar los intereses.

Una vez amortizada, la central incurre aproximadamente en los siguientes costes por MWh producido (según Jóvenes Nucleares):

Operación y Mantemiento: 7.63 €/MWh
Combustible: 3.38 €/MWh
Inversión Recurrente: 2€/MWh
Coste Segunda parte del ciclo: 0.228€/MWh
Total: 13.24 €/MWh

 

Evidentemente hay algunos costes infradimensionados como la gestión de los residuos radiactivos, cuyo impacto económico se calcula por el 6º PGRR hasta 2060. Además de que el canon impuesto a las centrales dejará un déficit de unos 1300 millones de €, según el Tribunal de Cuentas, nada dice el 6º PGRR de qué hacer con los residuos después de ese año, por lo que es una cifra claramente insuficiente. También está infradimensionado el precio de las primas de seguros, que cubren un coste en caso de accidente de 1.200 millones de euros, cuando el coste del accidente de Fukushima asciende a unos 80.300 millones. Es decir, estas primas habría que multiplicarlas por 66 para cubrir el riesgo íntegramente. Así y todo, podemos redondear la anterior cifra a unos 15 €/MWh[1], que es el coste que deben afrontar los operadores nucleares.

Sin embargo, en el actual mercado eléctrico, se paga en promedio a unos 55 €/MWh[2], lo que supone que pagamos la electricidad nuclear a casi 4 veces lo que cuesta producirla. Este es el motivo fundamental para que las eléctricas intenten mantener las centrales abiertas hasta los 60 años. Se puede decir que nuestro sistema eléctrico está diseñado para que las nucleares sean un negocio redondo.

Las nucleares españolas, además, han recibido un notable apoyo económico a lo largo de su vida. Se puede decir que ha sido una fuente de energía muy subvencionada. Es imprescindible una auditoría que evalúe el monto exacto de los diferentes capítulos para, al menos, hacer conscientes a los usuarios del dinero que nos han costado. El resultado de esta auditoría podrá usarse como forma de presión para producir un cierre anticipado. Este es un cálculo aproximado de las subvenciones recibidas:

• Costes de transición a la competencia. Se calcula que se adjudicó el 80% de los 7.800 millones que satisficieron en 2000 al sector nuclear.

 

• Pago de la gestión de los residuos hasta 2005, mediante el entre el 0,8 y el 1,2% de la factura del recibo de la electricidad, que supone unos 450 millones al año desde la creación de ENRESA en 1984.

 

• Pago del almacenamiento del uranio, que suposo el 0,1% del recibo hasta 2005, es decir, aproximadamente, 45 millones al año.

 

• Pagos por la moratoria nuclear. Desde que se instaura la moratoria, en que se valoran las cinco nucleares en construcción en unos 2.460 millones. Hemos estado pagando hasta 2015 una cantidad aproximada de 7380 millones.

Sumando todos estos capítulos, obtenemos una estimación aproximada de la subvención recibida por la industria nuclear. Esto nos arroja una subvención escandalosa de unos 21.585 millones. Se trata de un apoyo sin precedentes a ninguna fuente de energía. Las subvenciones a las renovables habrán supuesto unos 10.000 millones.

6.- Desarrollo local y CCNN. Propuestas tras el cierre.

Las centrales nucleares son grandes infraestructuras que se construyen en general zonas deprimidas y poco pobladas. Tienen, por tanto, un enorme impacto sobre la economía, la política y la sociedad del territorio. La creación de nuevos puestos de trabajo directos, tanto de plantilla como los de contrata, más la satisfacción del IBI y el dinero que ENRESA da a los municipios situados a menos de 10 km de la central, suponen un incremento importante de los ingresos en el territorio próximo a la central. Sin embargo, este modelo económico es débil, puesto que todos esos ingresos dependen de una única actividad. La experiencia es que la central ahuyenta otras actividades económicas y se convierte en una especie de “monocultivo económico”.

Los efectos en el territorio de la paralización de la central, al igual que en otros ejemplos de monocultivo económico, serán grandes. Tenemos por tanto que establecer empatía y complicidad con la población de la zona. No debemos pensar que todos los habitantes son responsables o cómplices de la construcción de la nuclear. Si bien hay personas que se han beneficiado de la instalación, muchas otras la han sufrido, y debemos trabajar para mantener la actividad económica en las zonas.

Construyamos el concepto de transición justa, que permita desmantelar las nucleares sin dañar a los trabajadores y manteniendo el desarrollo local. Mediante este concepto es posible contar con la complicidad de los habitantes del territorio que se han mostrado reticentes al cierre de la nuclear. Se puede impulsar el desarrollo local desde el amor al territorio en una nueva alianza entre los opositores a la energía nuclear y los otrora pronucleares. Para ello habrá que construir modelos que se basen en aprovechar la riqueza y la idiosincrasia de la zona y que relancen una nueva economía basada en los valores y capacidades que existían antes de construir la central. Estos planes de desarrollo deben realizarse con participación ciudadana y la integración de los agentes locales y contando con la voluntad de los jóvenes del territorio. En resumen, tan importante como el qué se hace es el como: con participación, transparencia, rendición de cuentas y recursos otorgados contra proyecto. Esto último es importante: el apoyo financiero debe ser finalista y transparente y se ha de producir para financiar proyectos concretos. Se deberá prestar atención a las peculiaridades de las zonas y se intentará la activación de la sociedad local.

Existen recursos suficientes para afrontar situaciones de cambio. Por un lado contamos con los aproximadamente 6 millones de euros que ENRESA distribuye anualmente en el territorio cercano a las nucleares. Se pueden financiar suficientes proyectos para conseguir construir un tejido económico diverso tras el cierre de la nuclear.

Además, si tenemos en cuenta la diferencia de ingresos y gastos de una nuclear en el mercado eléctrico español, nos encontramos con que el sector nuclear recibe unos beneficios netos de unos 2.367,6 millones al año[3], con un gasto de unos 887 millones anual. De ese beneficio neto, podríamos destinar un porcentaje al beneficio empresarial de los operadores nucleares y el resto a otros proyectos. Una distribuci para los explotadores y concretos. se ha de producir en parte os de contamianciajadores que operaron la central los que particpón 20 % + 80 % daría 473,5 millones para los explotadores y  unos 1894 millones para el desarrollo local.  Con este dinero se podría crear un fondo con el que afrontar una transición a un modelo energético más justo y limpio que, además, genere desarrollo local en las antiguas zonas nucleares. Además, se desincentivaría el intento de mantener las nucleares en funcionamiento.

7.- Propuesta concreta del calendario de cierre.

Dada la sobrepotencia instalada en España (unos 108.000 Mw instalados en total, con una demanda máxima de unos 45.000 MW) es posible cerrar las nucleares en cualquier momento. La prueba es que en numerosas ocasiones se ha producido la parada simultánea de seis nucleares sin que se haya producido ningún problema de suministro.

Sin embargo, hay que tener en cuenta dos factores para establecer un calendario de cierre: el factor económico, para que el cierre no suponga ningún coste a los ciudadanos, y la estabilidad de la red eléctrica, es decir, que la supresión de la central pueda ser compensada con otras fuentes. Por supuesto, los problemas graves de seguridad serán motivo de cierre instantáneo.

Durante mucho tiempo, el movimiento antinuclear pedía el cierre a los 30 años de vida de la central, puesto que de esta forma la instalación estaría amortizada y los operadores no podrían reclamar lucro cesante. Sin embargo, en la actualidad hay que tener en cuenta la validez del permiso otorgado por el Ministerio de Industria con el preceptivo informe favorable del CSN, puesto que desde 1999 se otorgan permisos por 10 años.

Dado que todos los permisos vigentes expiran con todos las centrales con más de 30 años, nuestra propuesta sería cerrar las centrales según vayan expirando sus actuales permisos de explotación. Se puede expresar con un sencillo lema: “ni un permiso más”.

En la tabla se muestran las fechas de puesta en marcha, los permisos vigentes para comprobar nuestra propuesta de calendario de cierre. En la tabla se muestran además las fechas en que las centrales cumplirán 40 años. Esta última es la propuesta del PSOE para el calendario de cierre.

Los resultados de la auditoría a las subvenciones otorgadas a las centrales son un poderoso argumento para que los propietarios de las centrales acepten el cierre.

 

 

Central	Permiso construcción	Acoplamiento red eléctrica	Operación comercial	Autorización Explotación actual	Fin Permiso	40 años
Santa María de Garoña	2 de mayo de 1966	2 de marzo de 1971	11 de mayo de 1971	(*)	—	2 de marzo de 2001
Almaraz I	2 de julio de 1973	1 de mayo de 1981	1 de septiembre de 1983	8 de junio de 2010	8 de junio de 2020	1 de mayo de 2021
Almaraz II	2 de julio de 1973	8 de octubre de 1983	1 de julio de 1984	8 de junio de 2010	8 de junio de 2020	8 de octubre de 2023
Ascó I	16 de mayo de 1974	13 de agosto de 1983	10 de diciembre de 1984	22 de septiembre de 2011	22 de septiembre de 2021	13 de agosto de 2023
Ascó II	7 de marzo de 1975	23 de octubre de 1985	31 de marzo de 1986	22 de septiembre de 2011	22 de septiembre de 2021	23 de octubre de 2025
Cofrentes	9 de septiembre de 1975	14 de octubre de 1984	11 de marzo de 1985	20 de marzo de 2011	20 de marzo de 2021	14 de octubre de 2024
Trillo I	17 de agosto de 1979	23 de mayo de 1988	6 de agosto de 1988	17 de noviembre de 2014	17 de noviembre de 2024	23 de mayo de 2028
Vandellós II	29 de diciembre de 1980	12 de diciembre de 1987	8 de marzo de 1988	26 de julio de 2010	26 de julio de 2020	12 de diciembre de 2027

 

 

 

Central					Fin Permiso	40 años	Pot (MW)	Beneficios año	Beneficios 40 años
Santa María de Garoña					—	2 de marzo de 2001	466	149120000	1491200000
Almaraz I					8 de junio de 2020	1 de mayo de 2021	1.049,4	335808000	3358080000
Almaraz II					8 de junio de 2020	8 de octubre de 2023	1044,5	334240000	3342400000
Ascó I					22 de septiembre de 2021	13 de agosto de 2023	1.032,5	330400000	3304000000
Ascó II					22 de septiembre de 2021	23 de octubre de 2025	1.027,2	328704000	3287040000
Cofrentes					20 de marzo de 2021	14 de octubre de 2024	1.092	349440000	3494400000
Trillo I					17 de noviembre de 2024	23 de mayo de 2028	1.087,1	347872000	3478720000
Vandellós II					26 de julio de 2020	12 de diciembre de 2027	1.066	341120000	3411200000
								2367584000	23675840000

 

[1] Esta cifra puede aumentar si la central tiene que acometer gastos en caso de avería o de mejora. Y depende también de los precios del uranio, aunque, como se ve, no es el coste más alto.

[2] Es la cifra facilitada por REE para 2014. Lógicamente, varía según la disponibilidad de fuentes que entran a coste cero a satisfacer la demanda, como las renovables, la hidroeléctrica o la propia nuclear.

[3] Como se ha dicho, consideramos unos ingresos totales de 55 €/MWh y un cose de 15 €/MWh. No hemos incluido la central de Garoña, porque damos por sentado que no volverá a funcionar.