La inclusión dentro del Capítulo séptimo de la Ley de presupuestos de un «impuesto» que grava la «« dispersión de elementos radiotóxico [que] genera un importante riesgo medioambiental y para las personas, (…) », incluyendo las «emisiones rutinarias (…) que se producen en la operación normal de un reactor termonuclear», supuso dos cosas: primero un paso positivo, el reconocimiento oficial, por primera vez, de que el funcionamiento cotidiano de los reactores nucleares provoca impactos en la salud de la población (hasta el momento, y salvo en Cataluña, las emisiones radiactivas siguen siendo consideradas inofensivas, ni siquiera alcanzan el nivel de contaminación); pero el paso positivo quedaba anulado por el salto que suponía pasar a cuantificar este impacto en términos monetarios, dando prioridad a los ingresos económicos sobre las implicaciones de salud.
El reconocimiento abría la posibilidad de un interesante y amplio debate social que permitiera avanzar en cuestiones que son claves, ya que no sólo afectan a las personas que vivimos en Cataluña, sino a toda la población. Algunos aspectos de este debate se pueden concretar en cinco preguntas: ¿cómo afecta el reconocimiento al estatus legal de las emisiones radiactivas? Cómo afecta la aceptación de su impacto en la investigación sanitaria? ¿Cuál es su alcance? Cómo determinar las consecuencias sociales en unos reactores que ya llevan funcionando una media de treinta años? Y, especialmente, una pregunta clave: ¿Cuáles son las consecuencias ambientales y sociales del reconocimiento en un escenario en el que las empresas eléctricas han avanzado posiciones para conseguir alargar el funcionamiento de los reactores hasta los 60 años?
Evidentemente el fin de un gobierno formado por partidos declaradamente pro-nucleares como el PDECAT y ERC no era generar un debate, sino recaudar dinero. Aspectos como la salud de la población no pasan de ser cuestiones secundarias sobre las que había que pasar rápidamente y en silencio pero, aún así, se podía esperar de los partidarios del gobierno un mínimo de respeto en la defensa de su «impuesto» hacia las personas y entidades que ejercemos el derecho a discrepar.
No fue el caso, las primeras denuncias de lo que implicaba, formuladas desde el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) y Ecologistas en Acción (1), no merecieron ninguna respuesta, fuera de la recepción de una serie de breves mensajes descalificadores , y en ocasiones insultantes, en algunos de los correos desde el que se hacía la difusión de los comunicados o artículos críticos.
El nivel subió cuando se puso en circulación un Manifiesto que denunciaba las implicaciones ecológicas, sociales y de salud del tal «impuesto» y pedía la retirada del Capítulo séptimo de la Ley de presupuestos (2). Este Manifiesto, impulsado por el MIA en Cataluña, comenzó a recoger numerosos apoyos entre los que aparecían personas de todo tipo, pero especialmente algunas que tienen prestigio en ámbitos de la cultura, la ciencia y la sanidad.
Podía ser otra oportunidad para abrir un debate, pues ya no se trataba de una crítica realizada desde organizaciones del movimiento de resistencia a las nucleares, se empezaba a perfilar una respuesta social amplia, pero el recurso elegido por los defensores del gobierno PDECAT – ERC fue tan legítimo como oscuro: en vez de aprovechar sus vinculaciones institucionales para fomentar un debate, optaron por redactar una especie de «contra-manifiesto» y empezar a hacer difusión privada entre políticos, parte de su entorno social y una parte de las personas que apoyaban al Manifiesto.
La elección de este procedimiento dice mucho de la «lógica» que mueve a los defensores del gobierno PDECAT-ERC, se podrían deducir muchas consecuencias, pero ni dos que destacan: la voluntad de mantener la legitimación del impacto de salud de las emisiones radiactivas que sale del impuesto fuera del ámbito de los medios de comunicación, siguiendo la consigna de silencio dictada desde la industria nuclear, y restringir su «respuesta» a una interpretación basada en la lógica abstracta, los principios económicos generales, y la identificación de la «realidad» con la ley, es decir, situar la defensa del «impuesto» lejos de lo que representa ecológica y socialmente la energía nuclear hoy. Limitarla a ámbitos de competencias, mecanismos fiscales y resultados económicos.
Esta voluntad no es ajena a la agenda política que el gobierno PDECAT-ERC, impone. En el tema nuclear la agenda pasa por silenciar al máximo las contradicciones que se dan entre las llamadas a imaginar una especie de futuro inmediato y idílico de la cobertura de las necesidades energéticas, y el compromiso explícito con el alargamiento del funcionamiento de Ascó y Vandellòs hasta los 60 años contenido en el Documento Número 9 del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN9) dedicado al agua y la energía, en caso de llegar a formarse un estado propio. El CATN9 también determina el despliegue del «Documento de bases para constituir un Pacto Nacional para la transición energética» aprobado en 2015 (3).
Como en muchos otros ámbitos, también aquí las contradicciones de intereses sociales quedan escondidas bajo una cortina de humo que beneficia únicamente a los que verdaderamente mandan en Cataluña. Los servicios que el gobierno PDECAT-ERC presta a este grupo social son muy valiosos, y el Capítulo séptimo de la Ley de presupuestos es uno de ellos, y no el más importante.
Barcelona, 29 de enero del 2017.
Miguel Muñiz Gutiérrez es miembro de Tanquem Les Nuclears – 100% RENOVABLES, del Colectivo 2020 LIBRE DE NUCLEARES, y del Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña. Mantiene la página de divulgación energética www.sirenovablesnuclearno.org
Publicado originariamente en ECODIARI 29/01/2017
http://www.naciodigital.cat/ecodiari/noticia/9934/maniobres/fosques/defensa/impost
NOTAS
(1) http://www.ecologistasenaccion.org/article33442.html y http://www.tercerainformacion.es/articulo/catalunya/2017/01/13/el-moviment-iberic-antinuclear-mia-acusa-la -Generalitat-aceptar-la-prolongacion-de-las-centrales-nucleares
(3) página 109, http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes/inf_9_abastament_aigua_i_energia.pdf