La Asamblea de Extremadura ha aprobado, como sucediese en el parlamento catalán, una resolución en la que se propone un tributo sobre la producción eléctrica nuclear en los territorios. El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) exige que estos impuestos no se intercambien por la continuidad de las centrales más allá del fin de sus permisos actuales.

La aprobación durante el debate sobre el estado de la región extremeña el pasado 28 de junio, se aprobaba una resolución de un impuesto por el funcionamiento de Almaraz I y II que vuelve a traer de actualidad el tema de los tributos nucleares y su relación con el calendario de cierre de estas instalaciones.

El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) quiere manifestar que la instauración de estas tasa sobre la producción electronuclear sólo es entendible y justificable en le marco de la petición de un calendario de cierre de nucleares. De otra forma se está cambiando seguridad y salud por dinero, justificando el funcionamiento de estas instalaciones.

Para Francisco Castejón, portavoz del MIA, “la introducción de un impuesto a las centrales nucleares sin la exigencia de su cierre supone de hecho el apoyo a esta fuente de energía y justifica el riesgo y los graves inconvenientes que entraña, como por ejemplo la generación de residuos de alta actividad”.

El MIA exige claridad al PSOE extremeño en este punto: ¿cuál es la fecha de cierre de Almaraz admisible para el PSOE? ¿está el PSOE a favor de un calendario de cierre escalonado de nucleares y de la no renovación del permiso de Almaraz?

Las centrales nucleares no se pueden regular y, por tanto, suponen un freno para la transición a un nuevo modelo energético descarbonizado basado en las energías renovables. La apuesta por su continuidad más allá de su vida útil equivale a no modificar sustancialmente nuestro modelo energético y limitar la reducción de emisiones.