La ampliación de El Cabril no tiene ningún sentido

El cementerio nuclear de residuos de media y baja actividad de El Cabril (Córdoba) ha recibido óxidos de uranio que no está autorizado para almacenar. En pleno debate sobre su posible ampliación esta instalación nuclear recibe residuos con millones de años de actividad vulnerando la limitación de aceptar exclusivamente residuos que no superen hasta 300 años de vida radiactiva.

En estos momentos, cuando quedan por desmantelar ocho de las diez centrales nucleares que se construyeron en España, el cementerio nuclear de residuos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril se encuentra al 70% de su capacidad. Este cementerio nuclear se construyó en ese emplazamiento siguiendo una política de hechos consumados y recibió de forma ilegal residuos nucleares a partir de 1986. Un emplazamiento erróneo por estar en una zona de alto valor ecológico como la Sierra de Hornachuelos y de situarse muy alejado de la mayoría de instalaciones nucleares y radiactivas con el consiguiente aumento del riesgo de los transportes radiactivos. Sin olvidar el riesgo que supone que se sitúe en una zona de relativa alta.

Los procesos de desmantelamiento de las centrales nucleares son los que generan una mayor cantidad de residuos que se transportan por todo el territorio hasta El Cabril.  Es muy probable que los residuos procedentes de Garoña, cuyo cese de actividad se decidió el pasado 3 de agosto de 2017, dejen saturado el almacén nuclear imposibilitando la recepción de materiales provenientes de otras instalaciones nucleares. La empresa pública responsable de la gestión de estos residuos radiactivos, ENRESA, tiene que proceder a la ampliación de El Cabril o a la búsqueda de otro emplazamiento para tener capacidad para gestionar los residuos que se producirán en el futuro próximo.

La industria nuclear española apuesta por  duplicar la capacidad de almacenamiento de El Cabril para permitir el alargamiento del parque nuclear, incluso en los planes de ENRESA caben nuevas ampliaciones.  Aunque la temeraria prolongación del tiempo de funcionamiento de los reactores nucleares españoles aplazaría la fecha para encontrar una solución, este problema se vería agravado al incrementar durante ese tiempo adicional la cantidad de residuos a gestionar .

Se ha dado a conocer tras la publicación del Informe al Congreso del Consejo de Seguridad Nuclear de 2015, que ENRESA depositó durante ese año en El Cabril algo más de 111 kg de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de ENUSA en Juzbado (Salamanca). Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años y no admite emisores de partículas alfa. Sin embargo, el uranio recibido es un emisor alfa y tiene una vida de millones de años. Este hecho muestra que la industria nuclear se salta sus propias normas de seguridad cuando recibe residuos de alta actividad sin una solución a su gestión. Así, la presencia de estos residuos condena a que el desmantelamiento de El Cabril, que debería producirse 300 años después de su clausura, sea demasiado problemático. Esto, de alguna forma, facilitaría la ampliación de este cementerio nuclear  en lugar de buscar otro emplazamiento para el necesario almacenamiento de los residuos radiactivos. Ya que la ampliación evitaría el necesario traslado de esos residuos que incumplen las normas de seguridad de un cementerio para residuos de media y baja radiactividad.

En estas condiciones no tiene ningún sentido la ampliación de este cementerio nuclear. Por el contrario, es necesario proceder al cierre escalonado de centrales nucleares, para mantener el problema en su mínima expresión, buscar otro emplazamiento y evacuar los residuos para los que El Cabril no tiene autorización.