Las propietarias de Almaraz no tienen la fiabilidad suficiente para seguir operando la central nuclear

  • El tenso proceso de negociación entre las propietarias muestra un debate exclusivamente basado en los beneficios.
  • La prolongación de los permisos de funcionamiento implicará costosas y complejas revisiones de seguridad que forzarán a las empresas eléctricas a invertir miles de millones de euros que, sin duda, repercutirán sobre el precio de la electricidad.
  • El tenso conflicto muestra con claridad que la incapacidad de acuerdo de las propietarias supone un riesgo adicional al propio envejecimiento de la central.

El acuerdo de renovación de la Central Nuclear de Almaraz, pactado tras meses de tensas negociaciones entre Iberdrola, Naturgy y Endesa deja claro que la única razón de su existencia es la obtención de lucro económico. Además, este tenso conflicto muestra con claridad que como sucediese en Garoña el mayor peligro de la central es la actitud de sus propietarias, quienes solo parecen considerar el lucro económico. Pactando además, el coste total de las inversiones a realizar independientemente de las consideraciones técnicas que marque su posible ampliación.

El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) solicita la no prolongación del permiso de explotación de la central nuclear de Almaraz, que expira el 10 de junio de 2020. Las dos unidades de la central cumplen 40 años de funcionamiento en 2021 y 2023, respectivamente. Las organizaciones del MIA consideran que no tiene sentido someter a los dos reactores a profundas y costosas inspecciones en términos económicos y de dosis radiactivas recibidas por las y los trabajadores. La central pone en riesgo no solo el territorio español sino también el portugués a través de la posible dispersión de radiactividad por la atmósfera y por el río Tajo en caso de accidente con escape radiactivo.

Para el MIA, las empresas operadoras no reúnen los requisitos de fiabilidad mínimos para seguir operando una energía enormemente peligrosa. Por ello reclama la no renovación de su permiso de explotación, su desmantelamiento y el establecimiento de un impuesto a las eléctricas propietarias sobre sus beneficios frente a la insuficiencia de fondos aportados para la gestión de los residuos nucleares de la que son responsables.

Como esta organización ya señaló la posibilidad de ampliar el calendario de cierre nuclear entre 2025 y 2035 acordada, según varios medios de comunicación, por la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con las tres principales empresas eléctricas supondría que todos los reactores pasarán de 40 años de funcionamiento y, en algún caso, hasta los 50. Para el Movimiento Ibérico Antinuclear esta propuesta es inadmisible. Entre los motivos caben destacar los problemas de seguridad que se agudizarán según los sistemas de las centrales vayan envejeciendo. Así, la prolongación de los permisos de funcionamiento implicará costosas y complejas revisiones de seguridad que forzarán a las empresas eléctricas a invertir miles de millones de euros que, sin duda, repercutirán sobre el precio de la electricidad.

Este alargamiento aumentará el volumen de residuos de alta actividad, en razón de unas 175 toneladas al año, sin que exista un método aceptable para la gestión definitiva. Lo mismo ocurre con la producción de residuos de media y baja actividad que no cabrán en el cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba).

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