Portugal cede ante las presiones del Gobierno español y de la Comisión Europea y retira su demanda sobre el ATI de Almaraz

El Gobierno portugués no ha sido capaz de mantenerse firme en su denuncia de las irregularidades cometidas por el Gobierno español al autorizar el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central de Almaraz sin consultarle. Las presiones tanto del Gobierno español como de la Comisión Europea y la oferta de acelerar las interconexiones energéticas parecen haber sido demasiado fuertes para él.       

Las organizaciones integrantes del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), interpusieron el día 31 de enero un recurso de alzada contra la decisión del Gobierno español de autorizar el Almacén Temporal Individualizado (ATI) en Almaraz, ya que, entre otras cosas, se han ignorado los impactos transfronterizos de la obra. Una hipotética fuga radiactiva del ATI podría afectar al embalse de Arrocampo y acabar en el río Tajo, con lo que la contaminación afectaría muy probablemente a Portugal. Esto ya sucedió en 1970, cuando se produjo un escape de agua radiactiva de la antigua Junta de Energía Nuclear (JEN) que llegó hasta la ciudad de Lisboa.
El Gobierno portugués denunció al Gobierno español el 16 de enero de 2017, de conformidad con el artículo 259 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para que las autoridades europeas se posicionaran ante las irregularidades del proceso de autorización del ATI de Almaraz. El Gobierno español contravino los protocolos internacionales de Kiev, Aarhus y Espoo, así como varias directivas europeas, al autorizar el ATI sin consultar al Gobierno portugués. De este modo, Portugal no tuvo la oportunidad de abrir un periodo de consulta en el que poder interponer alegaciones a este almacén de residuos nucleares, tal y como pudieron hacer las personas y organizaciones interesadas en España.
El ATI de Almaraz está concebido para prolongar el funcionamiento de la central más allá del fin de su actual permiso de explotación (2020) y de sus 40 años de vida (2021 en el caso de Almaraz I y 2023 para Almaraz II). Con la aceptación del ATI el Gobierno portugués está aceptando de facto la prolongación del funcionamiento de la central nuclear hasta los 60 años y desoye la voz de la mayor parte de la ciudadanía portuguesa (las encuestas muestran que más del 90% de la población lusa muestra su oposición a la central) y del Parlamento portugués, que se ha posicionado en contra del ATI y del alargamiento de la vida de Almaraz.
Que los reactores nucleares superen los 40 años de diseño supone un riesgo inaceptable, dado que las condiciones de seguridad se degradan con el envejecimiento. Es evidente que el parque nuclear es cada vez más peligroso e implica la generación de más residuos radiactivos de alta actividad, para los que no existe una solución satisfactoria.
El Gobierno portugués se está plegando, por tanto, a las presiones del Gobierno español, que defiende los intereses de la industria nuclear española. Una industria interesada en prolongar el funcionamiento de todo el parque nuclear hasta los 60 años. Las centrales nucleares son un negocio extraordinariamente rentable para sus propietarios, ya que en el actual mercado eléctrico podríamos llegar a pagar el kWh nuclear ocho veces por encima de lo que cuesta producirlo.