OPINIÓN: Nuclear 60 años. Dos estrategias

ARTÍCULO DE OPNIÓN DE MIGUEL MUÑIZ PUBLICADO EN

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=224553

El pasado febrero, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) concedió permiso a la central de Garoña para volver a conectarse a la red y funcionar hasta el 2031. Ello supuso un paso importante para convertir en política oficial la reivindicación de la industria nuclear durante los últimos cinco años: 60 años de funcionamiento para todos los reactores atómicos.
Mantener funcionando esas centrales 60 años es una aberración desde cualquier punto de vista: aberración ambiental, por la cantidad de contaminación radiactiva que generan los reactores en su funcionamiento cotidiano y que se dispersa por el agua, el aire y el suelo ; aberración sanitaria, por el incremento de enfermedades derivadas de dicha contaminación; aberración de seguridad, porque unos reactores que llevan funcionando una media de más de 30 años tienen multitud de mecanismos envejecidos y defectuosos, expuestos a avería s que puede n desembocar en catástrofe irreversible, como las que siguen activas en Fukushima y Chernóbil; y aberración energética, ya que mientras sigan funcionando las centrales nucleares no se producirá el cambio hacia un sistema basado en energías renovables.
Sólo hay un ámbito en que mantener nucleares no es una aberración, el afán de lucro: los enormes beneficios económicos para empresas eléctricas propietarias (ENEL-ENDESA, IBERDROLA y GAS NATURAL-FENOSA) y los mezquinos beneficios residuales para gobiernos (central y autonómicos) que puedan arañar unos míseros “ impuestos” sobre el funcionamiento de las centrales.
Porque el conflicto nuclear aún no está resuelto; el permiso de las cinco centrales activas finaliza oficialmente en 2020 (Almaraz y Vandellós 2), 2021 (Ascó y Cofrentes) y 2024 (Trillo), pero el gobierno puede adelantar su renovación. Los dueños de las centrales que renuevan en 2020 ya han anunciado que pedirán prórroga hasta los 60 años en el límite legal, es decir, en junio y julio de este año 2017. Si el gobierno del PP les concede la prórroga de manera automática, cosa que puede hacer por la nueva regulación aprobada en el CSN, primero Almaraz, luego Vandellós 2 y, en rápida sucesión, las otras tres centrales tendrán garantizados en breve los 60 años de funcionamiento. Entonces sí que la industria nuclear y sus seguidores habrán ganado definitivamente.
La mayoría social que se opone en España a la energía atómica se encuentra, aunque muchas personas no sean conscientes de ello, ante una implacable cuenta atrás.
Para enfrentar esta situación se perfilan dos estrategias que ya están operando parcialmente; ambas conviven en el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), el principal ámbito de resistencia existente hoy; a mbas desbordan las entidades (asociaciones y partidos) y personas que formamos el MIA; y ambas tienen ventajas e inconvenientes. Haremos un análisis que, por fuerza, será esquemático, ya que viene dictado por la urgencia, la limitación de extensión y la prioridad de que s ea útil para tomar decisiones.
Estrategia de movilización y negociación
La más visible. Se trata de una movilización social en el ámbito de influencia del MIA combinada con reuniones políticas institucionales al máximo nivel posible. Se busca convencer a los representantes políticos para que acuerden un calendario escalonado de cierre de centrales. Mediante acciones públicas (actos, concentraciones o manifestaciones) de repercusión mediática que fuercen a dialogar a los grupos institucionales. Es la misma estrategia que sigue mayoritariamente el movimiento ecologista ante conflictos ambientales locales.
Ventajas de la movilización y negociación
Las principales son tres: cuenta con una base fiable de movilización, formada por miembros de los colectivos implicados, ampliada en este caso dada la importancia y urgencia del conflicto. Se da en un ámbito conocido y confortable que permite apoyos blandos, personales y anónimos. No hay fracaso. En segundo lugar, se visibiliza el conflicto en los medios de información; jugando con la espiral movilización – información – negociación – más participación – más movilización – más información – nueva negociación, etc. Y, en tercer lugar, se apela a la responsabilidad de las fuerzas políticas institucionales, empezando por las más afines, en un escenario amable: los políticos con cargos institucionales recogen las reivindicaciones de la actividad de grupos sociales, dentro del pluralismo, y cumplen su papel de mediadores ofreciendo respuestas graduadas en función de negociaciones, consensos y prioridades entre ellos.
Inconvenientes de la movilización y negociación
No cuenta con el poder de que pueden ejercer las empresas y bancos que sostienen la industria nuclear, y su capacidad de condicionar decisiones políticas, ni con el carácter global del conflicto nuclear, que puede encajar sin mayores problemas las movilizaciones locales o generales que no tengan incidencia política directa.
Por otra parte, la participación de más colectivos no supone siempre un aumento de efectivos; los colectivos tienen sus propias agendas y prioridades (no todos dan protagonismo a la resistencia contra las nucleares), y la propaganda modula mucho el ritmo de movilizaciones. Además, los medios de comunicación siguen los dictados de sus propietarios. Basta con ver que, hasta el momento, las movilizaciones y el conflicto de Almaraz casi no ha salido de los titulares locales o regionales y se han tratado con mucha discreción; incluso los relacionados con la dimensión internacional del conflicto por la implicación de Portugal. Los medios también pueden silenciar información, darle un carácter sesgado mediante el recurso al “contraste de opiniones”, o reflejarla de manera inconexa o esporádica.
Y en tercer lugar la respuesta de las fuerzas políticas está mediatizada por su propio proyecto. De hecho, sólo Unidos Podemos ha recogido de manera coherente la reivindicación de no renovar los permisos en 2020, 2021 y 2024, el resto de las fuerzas sólo llega a nivel de detalle en el caso Garoña, manteniendo las otras centrales nucleares dentro de una ambigüedad calculada.
La estrategia de presión política directa
Consiste en usar los mecanismos legales de incidencia directa sobre el poder político: el más importante es la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), pero también se puede recurrir a otros que ofrece cada legislación autonómica; o a campañas de participación ciudadana con las instituciones como destinatarias directas. En esta estrategia las acciones públicas se hacen para difundir y recoger apoyo a un a demanda definida (no renovación de permisos en 2020, 2021 y 2024) que pide un compromiso concreto (firma o apoyo) a la ciudadanía en general, más allá de los colectivos que la impulsan. Está formulada de manera concreta a unas instituciones y políticos que se ven interpelados por ella. El margen de negociación está restringido y determinado por el contenido de la campaña. El compromiso de colectivos y personas participantes está definido. Nos centraremos en la ILP.
Ventajas de la presión política directa
La más importante es trasladar al conjunto social la reivindicación, y cuantificar un apoyo que se traduce de manera definida (firma o apoyo individualizado); también permite ir más allá del ámbito en que se mueven los colectivos que participan en la estrategia, así como contar con un apoyo puntual y eficaz de otros colectivos que no han realizado trabajo contra la energía nuclear (asociaciones, cooperativas de consumo, grupos de base, sindicatos alternativos, fuerzas de la nueva política, etc.), lo que la convierte en un potente altavoz. Abre la posibilidad de que cualquier persona pueda realizar una actividad útil recogiendo apoyos en función de sus posibilidades. Interpela a los representantes políticos de manera directa y les presiona a definirse. La validez legal de los apoyos da autoridad a las entidades promotoras para dirigirse a las instancias de poder, constituyen la base de una negociación política sólida que refuerza los argumentos. La presión política mediante ILP deja huella, puede establecer criterios de posteriores organizaciones, movilizaciones o acciones legales.
Inconvenientes de la presión política directa
Obliga a un trabajo más disciplinado y exigente. Limita la visibilidad del activismo a momentos concretos. Introduce el factor de fracaso si no se consigue el apoyo social necesario. Al restringir el papel de los interlocutores políticos puede generar una respuesta más hostil por su parte. Los medios de comunicación pueden silenciar toda la información sobre la estrategia a causa, precisamente, de su carácter contundente. Si la presión política ha de canalizarse por una institución (caso de la ILP) puede ser bloqueada de manera indefinida por sus mecanismos internos, o puede ser alterada o manipulada en el curso de su tramitación.
¿Son incompatibles ambas estrategias?
En principio pueden ser complementarias, ya que una refuerza a la otra si se dan juntas, pero siendo realistas es muy difícil que se puedan desarrollar juntas dentro del MIA; en primer lugar, por la limitación de recursos y personas del movimiento de resistencia a las nucleares; en segundo lugar, porque existe una tradición en el movimiento ecologista de dialogar con los políticos en base a la creencia de que los impactos ambientales son un “problema”, no un conflicto y, en tercer lugar, por la inercia del activismo de calle: la gratificación personal e inmediata que supone “hacer algo”, con la esperanza de que sea recogido por los medios de información, difundido y visualizado.
Pero que no puedan darse juntas en el MIA no quiere decir que ambas estrategias sean incompatibles o antagónicas. Personas y colectivos que participan en el MIA pueden prestar apoyo temporal o puntual al desarrollo de acciones de presión política directa, y estas pueden ser una fuente de personas que refuerce las movilizaciones del MIA. Esto lleva a argumentar porqué la estrategia de presión política directa es necesaria con carácter inmediato, y qué condiciones deben darse para desarrollarla.
¿Por qué es urgente una presión política directa?
La respuesta es sencilla: porque hace frente con más eficacia a la industria nuclear y sus partidarios; estos cuentan con objetivos definidos y casi conseguidos, con numerosos recursos materiales, con capacidad de presión en medios de información y fuerzas políticas, y con abundante representación (formal e informal) en las instituciones.
Su único “talón de Aquiles” es el conocimiento que la sociedad tiene de lo peligrosa que es la energía nuclear, y lo perjudiciales que son las radiaciones; ese conocimiento genera el gran rechazo pasivo de la energía nuclear cuando se realiza una encuesta de opinión sobre la misma.
Precisamente, esa es la base para que una presión política directa tenga éxito: transformar el rechazo pasivo en movilización activa al darle un contenido y un objetivo concreto.
¿Bajo que condiciones puede desarrollarse una estrategia de presión política directa?
La más importante es que se cree un núcleo activo de personas que la tengan como único punto de su agenda de actividad por un tiempo limitado (el que tarden en desarrollar su plan). Ese equipo debe constituirse como núcleo impulsor y tomar contacto con los grupos sociales y políticos que puedan llevarla a cabo: asociaciones, cooperativas de consumo, grupos de base, sindicatos alternativos, fuerzas de la nueva política, etc.
Es necesario que ese núcleo realice un sondeo o encuesta entre los que llevarán a cabo la acción política directa para comprobar las posibilidades de éxito o fracaso. Al tratarse de una ILP, o una iniciativa con el poder político como destinatario directo, debe contar con suficientes apoyos para que pueda alcanzar sus objetivos. La fase de sondeo debe tener también un calendario cerrado de realización y valoración de respuestas obtenidas (unas cinco semanas pueden ser suficientes).
Si la conclusión es que no existen bastantes apoyos para que la acción política directa tenga éxito lo mejor es abandonar el proyecto, no confiar en que genere un efecto “bola de nieve” si se hace: un fracaso aquí implica un refuerzo inmediato de la industria y sus partidarios.
Pero si la estrategia tiene éxito, la desautorización social que supone para un bloque tan poderoso e insolidario como la industria nuclear es un refuerzo muy valioso para las fuerzas políticas y sociales que se atreven a enfrentarse a él, al margen de lo que pase después.
Ha llegado el momento en que, sin renunciar a las acciones de movilización que se están desarrollando desde el MIA, se den los pasos necesarios para comprobar si una estrategia de presión política directa es factible. Más vale estar hoy activos, que mañana radiactivos.