Artículo de El País

Las Cortes Valencianas han exigido este miércoles el cierre de la central nuclear de Cofrentes y han rechazado la eventual construcción de un almacén temporal individualizado en la planta propiedad de Iberdrola. El Parlamento autonómico también ha reclamado un cambio del actual marco normativo, al entender «que ha paralizado la implantación de las energías renovables».

La proposición no de ley ha sido aprobada con los votos de socialistas, Compromís y Podemos. El Partido Popular se ha opuesto y Ciudadanos se ha abstenido.

La central se inauguró en 1984 y su autorización fue prorrogada por 10 años en 2011. La resolución aprobada por las Cortes pide al Gobierno autonómico que inste al Gobierno a «proceder al cierre y desmantelamiento» de la planta cuando finalice el periodo de prórroga, en 2021.

Los tres partidos impulsores de la medida han defendido la clausura de Cofrentes por el peligro que, en su opinión, representa la planta, que en 2021 cumplirá 37 años y está dotada con un reactor BWR y un sistema de contención Mark, que califican de «obsoletos».

El diputado Juan Ponce, de Compromís, encargado de la defensa de la proposición no de ley, ha argumentado que la zona de Cofrentes, ubicada a unos 80 kilómetros de Valencia, cerca de la frontera con la provincia de Albacete, «no está exenta de riesgo sísmico y de inundaciones catastróficas». Y ha indicado que los seguros solo cubrirían daños de hasta 1.200 millones de euros. La catástrofe de Fukushima costó 150.000 millones de euros «sin hablar de los muertos y los desplazados ambientales», ha agregado.

El PP ha rechazado la iniciativa, que ha considerado «demagógica» y basada en la «ideología». El portavoz popular Vicente Casanova ha afirmado que las fuentes energéticas renovables carecen hoy de capacidad para reemplazar a la nuclear en España. Y que el cierre de Cofrentes provocaría un fuerte aumento del precio de la energía y de las emisiones de dióxido de carbono.

Ciudadanos, que ha negociado incluso durante el pleno enmiendas para sumarse a una resolución conjunta, ha acusado a los impulsores de la medida de «buscar titulares» e «improvisar», y ha reclamado un «análisis sosegado» y «decisiones pragmáticas» sobre el futuro de la energía nuclear. La diputada de C’s Rosa María García ha pedido que se tenga en cuenta el futuro de 1.600 familias que, ha dicho, dependen del funcionamiento de la central.

La petición del cierre ha sido justificada por sus defensores por motivos de responsabilidad intergeneracional —»los residuos tóxicos y peligrosos permanecen activos miles de años»— y económicos —»la energía nuclear es muy cara, sobre todo por la gestión de los residuos»— , así como por constituir un «freno a las energías renovables».

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