Teresa Ribera ignora a la ciudadanía española y portuguesa autorizando la continuidad de las centrales nucleares

El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), rechaza la prolongación de la autorización de las centrales nucleares de Almaraz y Vandellós, una decisión de altísimo riesgo, ya que presentan un envejecimiento evidente y una seguridad degradada.

El MIA denuncia la falta de participación y de debate público. La continuidad de las centrales se produce sin haber consultado a la ciudadanía, a los países vecinos afectados y sin haber concluido el proceso de evaluación ambiental del PNIEC. Además se anuncia con una filtración a la agencia Efe y Europa Press hurtando la capacidad de respuesta de la sociedad civil.

El MIA, a través de las organizaciones lusas que lo componen enviará una queja a la Comisión Europea debido a la falta de comunicación con las autoridades lusas y de una evaluación ambiental transfronteriza.

El Movimiento Ibérico Antinuclear es una plataforma de las luchas antinucleares que lleva exigiendo desde el origen de esta energía un debate público sobre la continuidad de las centrales nucleares. Especialmente desde 2016 año de inicio de las movilizaciones antinucleares y del nacimiento de la plataforma, ha exigido que en una democracia decisiones como la continuidad de la energía nuclear debían ser expuestas a un debate público. Sin embargo, ninguno de los gobiernos ha sido capaz de afrontar este debate, a pesar de que las pocas encuestas sobre la percepción de la energía nuclear, como la del CIS de mayo de 2011 muestran, por ejemplo, como el 52% de la sociedad considera mayores los riesgos que los beneficios de la energía nuclear, frente al 39% que opina lo contrario. 

La prolongación del funcionamiento de las centrales nucleares en el Estado español por encima de los 40 años para los que fueron construidas responde exclusivamente a los intereses de las compañías titulares. Se concretó en un protocolo de cierre entre Enresa y los propietarios de las centrales firmado en marzo de 2019, asumido por el gobierno, según aparece en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. 

Como sucediese en la aprobación del Almacén Temporal Individualizado de Almmaraz se  obvia nuevamente dirigir consultas al gobierno y la ciudadanía portuguesa, pudiendo incurrir en ello en una vulneración de tratados y acuerdos europeos e internacionales. Un hecho, que fuerza a que nuevamente las organizaciones lusas que componen el MIA dirijan una queja formal ante la Comisión Europea, para que analice si la prolongación de la central de Almaraz vulnera alguno de estos acuerdos. El río Tajo que refrigera la central de Almaraz conecta ambos países, de forma que un accidente o vertido radiactivo afectaría al país vecino, como ya sucediese con los vertidos del río Jarama detectados en Lisboa en 1970.

Recuerdan además que, durante el mes de junio, después de que el CSN informara favorablemente la prolongación de Almaraz, esta central ha sufrido dos paradas de sus reactores por problemas técnicos. Las organizaciones antinucleares avisan de que esta prolongación es  una decisión de altísimo riesgo, ya que estas instalaciones presentan un envejecimiento evidente y una seguridad degradada. En estos momentos no es necesaria la continuidad de un sistema energético enormemente contaminante y concentrado en las manos de unas pocas empresas, sino la apertura de un amplio debate sobre el futuro de la energía en el Estado español, la distribución de la producción y la adaptación de los consumos a las necesidades colectivas, y no de reproducción del sistema económico.

Por todo ello, el conjunto del Movimiento Ibérico Antinuclear muestra su más absoluto rechazo a la concesión de la renovación de la autorización de funcionamiento a Almaraz y Vandellós. Un movimiento que seguirá exigiendo el fin de la pesadilla nuclear y el cumplimiento absoluto de las instrucciones técnicas señaladas por el CSN. Una vez concedido este permiso, es el ministerio y su ministra son los responsables de las consecuencias que pueda producir la continuidad de centrales envejecidas y cuya seguridad está degradada. Una decisión que protege los intereses de las eléctricas en contra de la ciudadanía, el bien común y la necesaria transición energética sin fósiles ni nuclear.