La organización que agrupa a los movimientos en la península contrarios a las centrales nucleares, y que, desde su origen, viene reclamando su cierre, considera irresponsable que las empresas utilicen a las instalaciones más  complejas y peligrosas del sistema eléctrico en su juego de presión al gobierno.    Han pasado de exaltar las ventajas económicas y el papel imprescindible de la energía nuclear en el sistema eléctrico,  a decir que no es sostenible económicamente y que tiran la toalla.

En realidad, hasta la competencia con la electricidad renovable, le ha producido grandes beneficios. Contaban con una sobre-retribución extraordinaria:  las nucleares (y las hidroeléctricas) no pagan por derechos de emisión de CO₂ pero desde 2005 también cobran ese incremento de precio en que no incurren; así como todas las subidas atribuibles al gas, que no compran, por algo se les llama “beneficios caidos del cielo”.  Y no hay que olvidar los Costes de Transición a la Competencia, cobrados desde 1998 hasta 2010 por todos los tipos de centrales, Entre 2005 y 2006, se embolsaron por ese concepto entre 1.600 y 2.500 millones por encima de lo reglamentado, deuda con los consumidores aún no liquidada.

Con semejantes condiciones de ventaja en el mercado,  si las nucleares no están amortizadas es por la política contable de las empresas titulares, no por pagar los impuestos que les corresponden.  Ahora que cae el velo de la sistemática propaganda de energía barata  se ve que  la nuclear nunca ha sido rentable en condiciones de competencia de mercado, y  en realidad no baja el precio de la electricidad.

En opinión del MIA, si  el oligopolio nuclear quiere seguir adelante con su abusiva presión al gobierno y pretende librarse de un parque nuclear que ahora le estorba, sin respetar ninguna planificación,  e intentando asustar a la población con la amenaza de un apagón nuclear,  el gobierno y la sociedad  tendrán que exigirles sus obligaciones legales:

• En primer lugar, respetar el proceso de autorización de cierre, que requiere informes favorables del operador del sistema y de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia.  Viene a la memoria el “culebrón de Garoña”.

• Mantener la seguridad de las instalaciones: descargar el combustible y asegurar la refrigeración de las piscinas que almacenan el combustible gastado. Durante todo el tiempo necesario hasta que pueda abordarse el desmantelamiento.

• Aportar los ingresos que les corresponden para la gestión de los residuos, esta obligación se mantiene si el cierre es por decisión de los titulares.   Las nucleares en operación han contribuido con algo más de los costes ocasionados hasta el presente, pero tienen la obligación de aportar otros 4.996 millones € aproximadamente hasta 2035. Aportación que no cubre el gasto imputable a la gestión de sus residuos, estimado en 14.803 millones de €, de acuerdo con el borrador del 7º Plan de Residuos Radiactivos.  Una previsión de gasto demasiado ajustada, sin margen para imprevistos.

No pueden abandonar los restos de su problemática y peligrosa tecnología, siguen siendo responsables de ellos.   Un apagón nuclear sin duda será un revulsivo para la transición energética, pero el sistema eléctrico es estratégico para la vida y la economía del país, y necesita planificación. La amenaza de las eléctricas no es de recibo y muestra crudamente el  problema fundamental de depender de un oligopolio en un sector esencial.