Las organizaciones ecologistas del Comité Asesor del Consejo de Seguridad Nuclear, Greenpeace y Ecologistas en Acción, miembros del Movimiento Ibérico Antinuclear han comparecido en la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear.  Se han comentado las actuaciones más relevantes del Consejo en estos últimos años. Valorando positivamente iniciativas normativas que rectifican anomalían cometidas anteriormente, como volver a su estado original la escala internacional de clasificación de sucesos nucleares, la famosa escala INES,  lo que supone una mejora de la cultura de la seguridad en las centrales nucleares, y dejar de alterar las estadísticas de comunicación de problemas en las centrales.

Las organizaciones consideran también una ventaja la revisión de la Instrucción de seguridad que estipula la comunicación al CSN de sucesos o incidencias en centrales. Dado que el Consejo las difunde, en general con rapidez,  en su web y en su aplicación para teléfonos móviles, es una mejora  en la transparencia de la institución.

Tambien se hizo referencia a la resistencia del Consejo a las presiones de la empresa Berkeley para obtener un informe favorable sobre la mina de uranio de Retortillo, amenazando con demandas legales  a la entidad reguladora del sector nuclear.  Un “envalentonamiento” completamente rechazable y muy sorprendente por su virulencia.

Pero lamentablemente en otras ocasiones las  actuaciones del Consejo no han respondido a su misión.  Como en el “desacato” de la central de Vandellós II a la orden de instalar filtros de partículas radiactivas en deteminadas partes de la central. Se permitió a la central ignorar la autoridad del Consejo durante trece años en una cuestión calificada como relevante para la seguridad.  Las organizaciones  han  manifestado que debería haber una depuración de responsabilidades en el organismo regulador.

Vandellós II, ha sido el motivo de otra actuación, dificilmente compatible con la imparcialidad y la transparencia.   La declaración en el juicio a la central por  «imprudencia muy grave» en la gestión de una fuga en febrero de 2018,  de personal directivo del Consejo, la entidad que analiza y califica técnicamente el incidente y los posibles incumplimientos normativos, por petición de la central, la  “parte” regulada.

Se ha señalado que el gobierno no ha ejercido su facultad de nombrar varios altos cargos en la Secretaría General,   la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y la Dirección Técnica de Protección Radiológica. Extraña, porque no permite que el nuevo pleno pueda elegir el equipo directivo con que trabaja, y es algo que suele seguir a un cambio de Pleno.

Sobre la renovación de las autorizaciones de explotación de seis reactores nucleares, tarea abordada bajo petición de las empresa eléctricas que ahora tanto se quejan de su rentabilidad, se ha mostrado  preocupación por las cuestiones de seguridad asociadas a la perspectiva de cierre (paso  bienvenido, aunque un calendario demasiado largo). La reducción de inversiones relacionadas con la seguridad, con la gestión de personal, y la formación de la plantilla son un serio problema e implican un aumento del riesgo.

Se ha planteado a la ponencia la probable falta de fondos para  desmantelar las centrales y gestionar los residuos radiactivos.  Y se ha solicitado al Congreso  que inste al Gobierno a promover un debate técnico y ciudadano sobre la gestión del combustible gastado de las centrales nucleares. No se puede esperar al cierre de las centrales para comenzar este proceso.

Por último,  la indiferencia de las administraciones y el CSN sobre los  suelos contaminados radiactivamente, ha llevado a las ecologistas a que el Congreso inste al gobierno a resolver cuanto antes esta situación de parálisis. Por ejemplo incluyendo la contaminación radiactiva dentro del Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados que está en elaboración.