• El informe favorable del regulador se apoya en que la central cumple con la normativa, pero no hace una evaluación rigurosa de la seguridad que permita garantizar la prórroga solicitada
• El análisis periódico de seguridad se basa en datos de 2018, y no recoge los últimos incidentes de la central, ni los efectos de las paradas realizadas por las propietarias por motivos de precio.
• La decisión sobre el futuro de Almaraz no es del Consejo de Seguridad Nuclear, es del gobierno. El MIA señala que este dictamen no puede dar las garantías de seguridad exigidas por el gobierno como línea roja para su continuidad.

El acta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) comienza dejando claro que su informe sobre la prolongación de funcionamiento de los dos reactores nucleares de Almaraz por 3 años más se limita exclusivamente a los procesos de concesión de autorizaciones para las instalaciones nucleares y radiactivas, y «no a la función del CSN sobre inspección y control de estas instalaciones durante su funcionamiento». Aunque los resultados de esa continua supervisión se hayan tenido en cuenta cuando afecten a la «valoración sobre la seguridad en la operación de la instalación durante el tiempo solicitado».

Esta extraña disociación conduce, por ejemplo, a que el incumplimiento de las acciones ordenadas por el CSN a la central en la renovación de 2020 «no resulta, por sí sola, incompatible con una valoración favorable de un expediente de autorización».

En opinión del Movimiento Ibérico Antinuclear, esto significa que la propia normativa a la que se ajusta el organismo regulador hasta cierto punto le ata las manos para hacer una valoración completa del funcionamiento de Almaraz. Una valoración que incluya también la actitud de los propietarios de la central para maximizar la seguridad en todos los frentes que han de funcionar a la perfección en una instalación nuclear. Es decir, tener en cuenta en el examen la «cultura de la seguridad» que haya demostrado la gestión de la central desde la renovación de 2020.

Para el MIA la prioridad de las eléctricas propietarias de Almaraz para obtener reducciones de impuestos, como la tasa Enresa, y amagando durante meses con solicitar una prórroga, ha dejado poco tiempo al CSN para revisar el cumplimiento de todas las cuestiones que la central tenía que haber corregido y mejorado. De hecho, no se ha analizado el obligado cumplimiento de todos los requisitos y compromisos de la Renovación de Autorización de 2020, solo los que se consideran más relevantes para la seguridad.

Entre los señalados en el voto particular del consejero Francisco Castejón destacan:

• «Asegurar la independencia necesaria para priorizar la seguridad… entre las unidades organizativas de Seguridad y Licenciamiento» de CN Almaraz. El titular se opuso y el CSN lo admitió.
• Análisis incompleto de parte de las válvulas importantes para la seguridad.
• Incumplimiento del Análisis Probabilístico de Seguridad de Incendios, que el CSN ha dejado pasar trasladando el compromiso de ese trabajo a la próxima renovación.

Otra cuestión principal es que uno de los instrumentos que se han venido utilizando para la renovación de autorizaciones de centrales nucleares, la Revisión Periódica de Seguridad (RPS), no se ha realizado en esta ocasión porque se consideró válida la de la última renovación de 2020, que era para solo 7 años más. Pues bien, la información que incorpora esa RPS corresponde al análisis del comportamiento de la central hasta el 30 de junio de 2018, por tanto los últimos 8 años de funcionamiento no se han analizado de la manera integral que conlleva una RPS para la actual renovación solicitada hasta 2030.

Sobre la cuestión de la adecuación de plantilla e inversiones, el Movimiento Ibérico Antinuclear observa contradicción entre legislación y normativa, pues el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) establece la obligación de las centrales de presentar un informe anual de inversiones efectuadas, de evolución de la plantilla, y nada menos que de las previsiones para los cinco años siguientes. Pero estos temas no son competencia del CSN (Ley 15/1980), por tanto no son analizados. Y sin embargo, es evidente que son una cuestión determinante para la seguridad.

Cumplir la normativa vigente no aporta confianza en la seguridad

Como conclusión del informe del Consejo de Seguridad Nuclear favorable a la renovación de la autorización de operación de los dos reactores de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, puede decirse que, aunque se ajuste a la normativa, con muchas cuestiones interpretables y otras que desafían la autoridad del regulador, no aporta confianza en la seguridad del funcionamiento de la CN Almaraz. Aunque la central cumpla con la normativa, el informe deja abiertas incertidumbres en la seguridad. EL MIA señala además la responsabilidad legal de los consejeros del CSN que han apoyado este dictamen, que hacen suyas las afirmaciones de las empresas propietarias en su solicitud sin haber llevado todos los análisis de seguridad habituales en las renovaciones. Para el MIA, con la información disponible este dictamen favorable no debía haberse producido. 

Sin embargo, la decisión sobre el futuro de Almaraz es del gobierno, no del CSN. El Movimiento Ibérico Antinuclear reclama que se mantenga el calendario de cierre escalonado del parque nuclear que la continuidad de Almaraz pretende bloquear, al sumarse en 2030 a los cierres de Ascó 1 y Cofrentes. Tensionando la capacidad de suministro eléctrico y retrasando el inicio de los desmantelamientos de esos cuatro reactores. El resto del parque nuclear estará ante una situación muy favorable para obtener nuevas prórrogas.

El retraso del cierre nuclear frenará la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Las nucleares causan el doble de emisiones de CO2 que la fotovoltaica y seis veces más que la eólica. Pero además, la generación nuclear entra en la red eléctrica con prioridad a la renovable, y se pierde electricidad renovable. Solo en el último año se han desaprovechado 29,5 millones de MWh de energía limpia.

La continuidad de la energía nuclear tendrá un efecto importante sobre el despliegue de instalaciones renovables y sistemas de almacenamiento de electricidad, pues reduce su rentabilidad al aumentar el riesgo de no entrar en la red y no ser remuneradas en mercado. Dos estudios técnicos muestran que la prórroga de Almaraz hasta 2030 reducirá la disponibilidad de nueva generación renovable hasta en un 25 % respecto a lo planificado, debido a la desconfianza de los inversores por el cambio de política energética. En consecuencia, un menor uso inicial de gas de 2028 a 2030 aumentará en años posteriores por el bajo despliegue de renovables, y se traducirá en un sobrecoste acumulado en la factura eléctrica de los consumidores de 3.831 millones de euros (entre 2026 y 2033) en comparación con el escenario de cierre de C.N. Almaraz en 2028.

El gobierno se comprometió a que una posible autorización cumpliera tres condiciones, sus famosas «líneas rojas»:

1. Que sea conveniente para la seguridad del suministro eléctrico, condición que falla por los 118 días que han parado las centrales nucleares desde 2024 debido a su falta de rentabilidad, sin perturbar en nada el consumo eléctrico del país.
2. Que no sea a costa del bolsillo del contribuyente, condición que se incumplirá si el sistema eléctrico queda encadenado a los inestables precios del gas.
3. Y ahora, el informe favorable del CSN, que en opinión del Movimiento Ibérico Antinuclear no satisface la condición de garantizar la seguridad radiológica de Almaraz.

El Movimiento Ibérico Antinuclear exige que el gobierno no ceda a las presiones del negocio nuclear. El resultado del informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear no interfiere con su facultad para decidir la política energética. El cierre de Garoña por un gobierno del Partido Popular es un precedente.

El MIA exige que cumplan con el compromiso adquirido y digan NO a la solicitud de prórroga de los reactores de Almaraz.