El Movimiento Ibérico Antinuclear rechaza la prórroga de Almaraz hasta 2030, con la que el Gobierno abandona la transición energética y ata al país a energías inseguras y peligrosas, contaminantes y cada vez más caras.

La organización advierte de que la prórroga de Almaraz no se quedará en esta central: tendrá un efecto de bloqueo sobre los cierres de Ascó 1 y Cofrentes, previstos también para 2030, porque supondrá un cambio brusco que tensionará la red eléctrica y dificultará los trabajos de desmantelamiento de esos cuatro reactores. El Movimiento Ibérico Antinuclear desmiente que la decisión del Gobierno sobre Almaraz permita seguir con el calendario de cierre de nucleares, como se afirma en la Orden: «se limita en torno a 31 y 19 meses… lo cual representa una proporción reducida de la vida media prevista del parque nuclear español, no alterándose el resto del calendario ni la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear a 2035.»

La organización señala que las empresas propietarias del negocio nuclear estarán ante una situación muy favorable para obtener nuevas prórrogas con rebaja de impuestos, como el de la ecotasa extremeña, un regalo de unos 40 millones de euros por año. En el objetivo de las empresas está también la rebaja de la tasa para almacenar sus residuos nucleares. Según el Movimiento Ibérico Antinuclear, esto tendrá consecuencias en todo el parque nuclear y en el dinero disponible para la gestión de residuos.

El Movimiento Ibérico Antinuclear tampoco considera cierto que la extensión, en principio limitada, del tiempo de explotación de Almaraz sobre la generación renovable sea acotada y poco significativa, como sostiene la Orden ministerial. La Orden afirma que la reducción de la generación renovable en 2030 será de un 1,4 % de la prevista hasta ahora, pero, según la organización, no entra en lo que pasa después de esa fecha. La organización cita al menos dos estudios técnicos que muestran que un menor uso inicial de gas de 2028 a 2030 aumentará en años posteriores por la disminución del despliegue de renovables y almacenamiento, que calculan que disminuirá hasta en un 25 % respecto a lo planificado. Esto será, según el Movimiento Ibérico Antinuclear, consecuencia de la desconfianza de los inversores por el cambio de política energética, que afecta precisamente a un sector, la energía solar, en el que la comunidad extremeña es una potencia nacional.

Para la organización, el verdadero respaldo de la energía nuclear son las centrales eléctricas de gas, la energía más cara. El encarecimiento de la factura eléctrica de los consumidores se ha calculado ya en 3.831 millones de euros, entre 2026 y 2033, en comparación con el escenario de cierre de Almaraz en 2028.

Una decisión nefasta frente al cambio climático y un Gobierno que incumple sus promesas

El Movimiento Ibérico Antinuclear sostiene que el retraso del cierre nuclear frenará la transición energética y la lucha contra el cambio climático, y considera que se trata de una decisión nefasta precisamente cuando los brutales incendios de este verano hacen más visible para toda la opinión pública el impacto del cambio climático. La organización recuerda que las nucleares causan el doble de emisiones de CO2 que la fotovoltaica y seis veces más que la eólica.

Cristina Rois, portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear, ha declarado: «El gobierno ha roto su compromiso de condicionar la prórroga de Almaraz a tres condiciones: conveniente para la seguridad del suministro eléctrico; no a costa del bolsillo del contribuyente; y seguridad radiológica, que en opinión del Movimiento Ibérico Antinuclear, se satisface a nivel normativo pero sin suficientes garantías».

Para el Movimiento Ibérico Antinuclear, el Gobierno ha incumplido así sus promesas en materia energética y abandona los avances en renovables que hasta ahora han permitido contener el aumento de precios energéticos, precisamente porque se trata de una energía que aporta autonomía y seguridad en un periodo histórico muy inestable.